En las últimas semanas, México ha estado marcado por tres ejes que retratan bien el momento que vivimos: los escándalos judiciales, la fragilidad institucional frente al poder político y la presión internacional encabezada por Estados Unidos.
El Instituto Nacional Electoral cerró el caso de Pío López Obrador al concluir que no existen pruebas de financiamiento ilícito para Morena. Sin embargo, el propio organismo reconoció la existencia de los famosos sobres con dinero. Esta contradicción refuerza la percepción de que las instituciones, lejos de ser contrapesos, se han convertido en brazos complacientes del poder en turno. La confianza ciudadana se erosiona cuando la justicia se aplica de manera selectiva.
Mientras hemos sido testigos de que la senadora Lilly Téllez se ha convertido en la voz más crítica contra Morena en el Senado. Sus declaraciones en medios internacionales, donde denuncia la incapacidad del gobierno para frenar al narcotráfico, le valieron acusaciones de “traición a la patria” y la amenaza de un posible desafuero. Paradójicamente, estas embestidas podrían fortalecerla: representa la oposición frontal que ni siquiera el PAN ha logrado articular. La persecución política, en lugar de debilitarla, la proyecta como referente nacional.
Pero el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia confirma que la política exterior mexicana se ha convertido en un terreno de premios políticos y no de profesionalismo. Más cercano al activismo ideológico que a la diplomacia, su designación ha generado dudas en Italia y en México. Este tipo de nombramientos refuerzan la idea de que la diplomacia mexicana está sometida a cuotas no solo partidistas sino de activistas ideológicos, lo que debilita su prestigio y pone en riesgo relaciones con socios estratégicos.
En el plano internacional, Claudia Sheinbaum enfrenta un reto mayor: la presión del gobierno de Donald Trump. Mientras la presidenta insiste en un discurso soberanista y en respaldar a regímenes como el de Venezuela, la Casa Blanca avanza con drones, recompensas y la amenaza de declarar terroristas a los cárteles mexicanos. La retórica nacionalista choca con la realidad: México no tiene capacidad de resistir la presión estadounidense. La dependencia económica y geopolítica marca la agenda, más allá de cualquier discurso ideológico.
La violencia por desgracia persiste. Si bien las cifras oficiales presumen una reducción de homicidios dolosos, la violencia se concentra en ciertas regiones y se acompaña de un repunte en delitos como extorsión y robo con violencia. Lo más grave es la crueldad de los casos recientes: ataques contra la infancia y agresiones a grupos vulnerables. Esta dinámica refleja que el problema no es solo estadístico, sino social y cultural. La inseguridad es hoy un espejo de las miserias humanas que el Estado no logra contener.
Ante esto, existen dos visiones de México. La oficial, que repite que “ya se acabó la corrupción” y presume logros en reducción de pobreza y homicidios. Y la real, donde la corrupción se reinventa, la violencia se recrudece y la ciudadanía se siente desprotegida. La contradicción entre ambas narrativas se profundiza cada semana.
La ausencia de diálogo con actores críticos —oposición, empresarios, sectores religiosos y académicos— agrava la situación. En lugar de abrir canales de consenso, el gobierno apuesta por la confrontación y la persecución política. Esto no solo debilita la democracia participativa, sino que genera un clima de polarización permanente.
México vive un momento de fragilidad institucional y vulnerabilidad internacional. Los casos judiciales mal resueltos, la persecución a voces críticas, la diplomacia de cuotas y la sumisión ante Estados Unidos muestran un país atrapado entre contradicciones.
La gran pregunta es si la sociedad civil y las pocas voces opositoras lograrán articular un contrapeso real frente a un poder que concentra, encubre y premia. Porque mientras la narrativa oficial repite que “todo va bien”, la realidad golpea a diario en las calles, en los tribunales y en la arena internacional.
EL DATILLO
Al PAN le van a respetar su presidencia en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no es un favor, lo marca la ley orgánica del poder legislativo. Todo indica que será Kenia López Rabadán, legisladora con experiencia, pero sobre todo con cercanía a la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, hoy en día alejada del partido que la hizo senadora y alcalde de Miguel Hidalgo. ¿Estrategia de la dirigencia nacional panista o simple coincidencia?