La coyuntura política mexicana atraviesa una semana de alto voltaje, marcada por el cruce de tres ejes: la presión internacional encabezada por Estados Unidos, los titubeos de la administración de Claudia Sheinbaum en proyectos emblemáticos y la inminente batalla interna por la reforma electoral. Un tablero complejo que, lejos de resolverse, parece encaminarse a una confrontación prolongada.

 

La firma del decreto por parte de Donald Trump —que habilita al ejército estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos al considerarlos grupos terroristas— es un hito que reconfigura la relación bilateral. No es la primera vez que Washington endurece su discurso sobre el crimen organizado en México, pero esta vez la medida tiene implicaciones militares y diplomáticas sin precedentes.

 

La respuesta del gobierno mexicano ha sido débil y calculada: ni un rechazo categórico ni una estrategia visible para contener las posibles acciones. Más allá de la retórica de “respeto mutuo”, es evidente que el reto pone a prueba la capacidad de la presidenta para defender la soberanía sin poner en riesgo la relación comercial y política con el principal socio del país.

 

En paralelo, uno de los proyectos más promocionados de la administración sufre un golpe a su credibilidad: el Tren México–Pachuca no verá la luz hasta 2027. Pese al retraso, los discursos oficiales continúan presentándolo como un logro tangible, sin explicar cómo se justifica la demora ni los costos adicionales.

 

El anuncio contrasta con las promesas de eficiencia y transformación que se vendieron en campaña. La obra se ha convertido en un espejo que refleja una constante del actual gobierno: priorizar la narrativa sobre los resultados.

En el terreno político, la reforma electoral se perfila como el nuevo campo de batalla entre el “claudismo” y el “lopezobradorismo”. El nombramiento de Pablo Gómez al frente de la comisión especial que elaborará la propuesta es revelador: un político de larga trayectoria, más conocido por su pragmatismo y lealtad a la línea ideológica de Morena que por su conocimiento técnico en materia electoral.

 

Lo acompaña un grupo de figuras clave:

• Cercanos a Sheinbaum: José Peña Merino, Ernestina Godoy y Lázaro Cárdenas Batel.

 

• Cercanos a López Obrador: Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.

 

• Figura bisagra: Rosa Icela Rodríguez, alineada al expresidente, pero con aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí.

 

La ausencia de especialistas en temas electorales, así como de legisladores de oposición y representantes de órganos en la materia como el INE o el Tribunal Electoral, confirma que el proceso no busca pluralidad sino control. La disputa no será por el contenido esencial de la reforma —que favorecerá a la 4T— sino por quién se lleva el crédito y el poder para implementarla.

 

En medio de este ajedrez político, el caso de Israel Vallarta reaparece para incomodar a la 4T. Lo que el gobierno pretendía usar como una cortina de humo se ha convertido en un recordatorio incómodo de viejas prácticas judiciales y mediáticas. Nombres como Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar vuelven a aparecer asociados a episodios polémicos, mientras Televisa y Carlos Loret de Mola son señalados por los famosos “montajes” de antaño.

 

El efecto bumerán es evidente: lo que buscaba distraer termina reforzando críticas a un sistema de justicia que, lejos de reformarse, sigue arrastrando vicios estructurales.

 

México vive hoy una doble presión:

• Externa, con un Estados Unidos que endurece su postura y pone sobre la mesa medidas que cruzan la línea de la intervención directa.

 

• Interna, con un gobierno más preocupado por blindar su futuro político que por atender las demandas urgentes de la ciudadanía.

 

En este escenario, la oposición permanece desdibujada, sin un discurso articulado ni capacidad real para influir en la agenda nacional. El país se dirige hacia una contienda política donde las luchas internas en Morena podrían definir más el rumbo que cualquier debate democrático genuino.

 

El Datillo

En diez meses de gobierno se han dado ya varios cambios en el gabinete, lo interesante es que las salidas han sido de personajes ligados al “Lopezobradorismo” como Rogelio Ramírez de la O en la SHCP, Lyndia Quiroz Zavala (FONATUR), Diego Prieto (INAH), Francisco Garduño (INM) y Pablo Gómez de la UIF.

 

En todos los casos han llegado gente cercana al grupo de los “claudistas” como Edgar Amador en SHCP, Sebastián Ramírez-FONATUR, Joel Omar Vázquez Herrera en el INAH, Sergio Salomón Céspedes (INM) y Omar Reyes en la UIF.

Las bajas del “lopezobradorismo” son golpes duros, pues en el caso de Hacienda y Fonatur se manejan una gran cantidad de recursos y mientras que Migración y la UIF son estratégicos para la relación con Estados Unidos.