Hay voces al interior de las alcantarillas del poder de Gobierno del Estado que el Ejecutivo Estatal, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, publicará en el Periódico Oficial antes de la Semana Santa la Ley para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato y sus Municipios, aprobada por 32 diputados “¡representantes de la sociedad!”.

 

Es indudable que el gobierno del estado trata de dar un “¡sabadazo!” en vacaciones de Semana Santa al publicar esta Ley que representa una nueva carga a los contribuyentes al crearse una dirección estatal y dependencias municipales manejadas por estos colectivos, en una época en la que urge atender otros asuntos en materia de seguridad.

 

Pero analizando la forma en que los diputados aprobaron la Ley, para algunos, en contra de la Familia y a favor de los Trans “¿vulnerables?”, cabe señalar que se da en un momento en que los temas nacionales acaparan la atención, destacando los que se refieren al financiamiento de las campañas en 2006 y 2018 del PRD y Morena.

 

Como sea, los panistas en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado consideran “¡vulnerables!” a los colectivos de LGBT que se debe proteger, como si fueran un grupo en extinción.

 

La pregunta es a ¿quién deben responder los diputados?, al 90.8% de los católicos o a los grupos emanados del Grupo Sao Paulo o del Grupo Puebla, financiados y dirigidos por la ONU.

 

Pero más aun, deberían dar una explicación de su actuar, sobre todo Luis Ernesto Ayala “líder” del PAN en el Congreso del Estado, pero también deben dar una explicación de las razones que los movió a aprobar esta Ley, Janet Melanie Murillo Chávez, Martín López Camacho, Bricio Balderas Álvarez, Briceida Anabel Magdalena González, José Alfonso Borja Pimentel, Jorge Ortiz Ortega, César Larrondo Díaz, Fortino Alcántar Rojas, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Susana Bermúdez Cano, Aldo Iván Márquez Becerra, Angelica Casillas Martínez, Lilia Margarita Rionda  Salas, Noemi Márquez Márquez, Armando Rangel Hernández, Katya Cristina Soto Escamilla, Miguel Salim Alle y Víctor Manuel Zanella Huerta o, por lo menos, se definan y manifiesten a quien sirven.

Por lo pronto, el Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato y organismos de la sociedad civil, han manifestado su inconformidad por esta Ley que va en contra de la familia y de una sociedad con principios y valores, respetando “la inclusión de todas las personas, pero también defendemos el derecho a mantener y practicar nuestras creencias religiosas sin discriminación ni coacción”.

 

El Consejo Interreligioso fundamenta “que Dios creó al ser humano como hombre y mujer, y que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer” y las organizaciones sociales consideran que primero se debe atender “las principales problemáticas y prioridades del estado, tales como: la protección, la seguridad e integridad de la familia como base de la sociedad. Eso sí nos beneficia a todos los guanajuatenses por igual”.

 

Pero, es innegable que los “legisladores” que deben representar a los ciudadanos, los cuales en su mayoría son católicos, no cuentan con representantes en la “derechita azul”, por supuesto que menos en el PRI, PVEM y MC, puesto que todos votaron a favor de esta ley, la cual va en contra de las leyes de la naturaleza y no representa las demandas sociales.

 

Hay voces al interior de las oficinas de gobierno que señalan que se publicará durante esta semana que arranca, esperando que las voces se acallen con motivo de la Semana Mayor, en la que los católicos se encuentran reflexionando sobre la muerte y resurrección de Jesús; pero además se afirma que al aprobarse esta Ley ANTIFAMILIA permitirá al próximo gobierno transitar sin el rechazo de la sociedad y sin un costo político, aunque si con un costo a las finanzas estatales y de los 46 municipios al tener que dar cumplimiento a una Ley anti social.

 

Hay que reafirmar que organizaciones sociales establecen que “La LEY ANTIFAMILIA es innecesaria, puesto que ya existen leyes que garantizan el respeto, equidad, tolerancia, no discriminación y todos los derechos para mujeres y hombres por igual, establecidos en nuestra Carta Magna, en leyes federales y estatales”.

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