Nuestros amigos lectores estarán de acuerdo con nosotros cuando afirmamos que uno de los personajes más despreciables de nuestra historia fue un indio ladino llamado Victoriano Huerta.

 

Un tipo falso, de mirada siniestra que cometió uno de los peores crímenes que se recuerdan cuando –después de haberlos derrocado- ordenó que fuesen asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez.

 

Era el mes de febrero de 1913 cuando, durante la llamada “Decena Trágica”, tuvieron lugar tan sangrientos sucesos.

Sin embargo, como tipo falso que era, Victoriano Huerta hizo todo lo posible para cubrir con el manto de la legalidad lo que a todas luces no tenía ninguna justificación moral.

Todo empezó cuando, a principios de aquel año de 1913, los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz se pusieron de acuerdo para derrocar a Madero, quien pudo haber sometido a los rebeldes si no fuera porque el general Huerta obligó a renunciar al presidente y al vicepresidente.

Una vez que ambos hubieron renunciado, Huerta (más falso que un billete de veintitrés pesos) siguió al pie de la letra lo estipulado por la Constitución o sea que ocupó la Presidencia el secretario de Relaciones Exteriores don Pedro Lascurain.

 

No bien hubo protestado su cargo –también por presiones de Huerta- Lascurain nombró secretario de Gobernación precisamente a Victoriano Huerta.

 

Una vez que hubo hecho tal nombramiento, Lascurain renunció a la Presidencia, motivo por el cual –cumpliendo al pie de la letra con la Constitución- el general Huerta subió al poder.

 

En menos de cuarenta y cinco minutos, Pedro Lascurain había traspasado sus poderes a Victoriano Huerta.

 

Y todo sin violar siquiera una de las líneas del texto constitucional.

 

Lo que hizo Victoriano Huerta no tiene justificación moral puesto que cometió un crimen imperdonable.

 

Sin embargo, y por mucho que nos pese, hay que reconocer que observó estrictamente la Constitución. No se desvió de ella ni un milímetro puesto que supo darle a su gobierno un tinte de legalidad.

 

Felipe Tena Ramírez, toda una autoridad en Derecho Constitucional, nos dice lo siguiente:

 

“En efecto, las formalidades constitucionales se habían observado impecablemente. Ni Madero ni Pino Suárez tuvieron la entereza de eludir la complicidad en la traición, negando sus renuncias; ni la Cámara de Diputados, donde había mayoría adicta a Madero, tuvo la gallardía de rehusar su aprobación a las renuncias. Todos colaboraron a colocar el puente por donde el traidor ingresó a la legalidad

 

“Por eso el gobierno de Huerta no fue de usurpación. El jurista que se precie de tal tiene que acentuar ese hecho, rigurosamente exacto desde el punto de vista formal, por más que en el aspecto moral e histórico condene enérgicamente la traición más ignominiosa de nuestra Historia” (Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. Páginas 72 y 73)

 

Aunque su gobierno era legal, no nos cabe la menor duda de que Victoriano Huerta subió a la Presidencia de un modo ilegítimo puesto que había utilizado el Derecho como máscara para ocultar sus crímenes.

 

Es entonces cuando se levanta en armas Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, afirmando que la Constitución había sido violada.

 

Según lo explicado anteriormente, la afirmación de Carranza era falsa puesto que el indio Victoriano se había cuidado de guardar todas las formas legales.

 

Cuando Carranza se levantó en armas, más que apoyarse en un argumento de tipo jurídico, debió de haberse apoyado en argumentos de tipo moral afirmando que el nuevo gobierno se hacía insoportable porque vulneraba los postulados del Derecho Natural.

 

En ese caso, según Santo Tomás de Aquino, lo que justificaba la rebelión al usurpador era que –al no encontrar otra salida- el pueblo se veía en la necesidad de recurrir a la violencia.

 

Todas estas zorrerías de un sujeto que sabía retorcer argumentos jurídicos deben hacer que nos pongamos en guardia siempre que se presenten politicastros que, tomando la Ley como bandera, lo que hacen en realidad es sentar las bases para imponer una dictadura.

 

Y es que, más que la legalidad, lo que realmente importa es la legitimidad, algo que Huerta nunca tuvo.